La libreta del hambre
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    Economía, Cambios

    Reformas de Raúl, VI Congreso del PCC y resultados (I)

    Análisis de las reformas económicas que lleva a cabo el Gobierno cubano,
    realizado por Carmelo Mesa-Lago, Catedrático Distinguido Emérito de
    Economía de la de Pittsburgh. Aparecerá en dos partes

    Carmelo Mesa-Lago, Pittsburgh | 04/01/2012

    Tras un fuerte crecimiento entre los años 2005 y 2007, las fallas del
    sistema económico centralizado de Cuba, que se han visto agravadas por
    la actual crisis global, han provocado la crisis económica más severa
    que ha tenido el país desde 1993-1994, cuando se sufrieron las
    consecuencias del colapso de la URSS (Mesa-Lago y Vidal, 2010; Pérez
    Villanueva, 2010). El 26 de julio de 2007, cuando la crisis aún no había
    surgido pero las fallas internas del sistema lo hacían insostenible,
    Raúl Castro anunció que eran necesarias "reformas estructurales".
    Después de este anuncio se produjo en la sociedad cubana el debate más
    amplio que ha habido bajo la revolución. Posteriormente, desde
    principios del año 2008 y hasta marzo de 2010, Raúl aprobó varias
    reformas, mayormente modestas, pero entre ellas destacan dos por su
    profundo calado: 1) la entrega en usufructo de tierras estatales ociosas
    para la explotación por campesinos y cooperativas; y 2) el despido
    masivo de empleados estatales excedentes, que a partir de ese momento
    deberían ser ocupados en nuevos trabajos privados.

    En noviembre de 2010 se publicaron los Lineamientos para discutir en el
    VI Congreso del PCC, que fueron objeto de un amplio debate nacional
    antes de ser sometidos en abril de 2011 al citado congreso. En el
    transcurso del mismo, se modificaron —mediante cambios y agregaciones—
    un 68 % de los 291 lineamientos originales, los cuales aumentaron hasta
    313 acuerdos (un 92 % de ellos económicos y solo un 8 % sociales). De
    todas formas, la mayor parte de las modificaciones fueron fusiones y
    correcciones de estilo, con pocos cambios sustanciales[1]. Un factor
    significativo a destacar es que los acuerdos admiten que las reformas
    previas han sido insuficientes para resolver los problemas del país, por
    lo que se requieren más cambios. En definitiva, las reformas y los
    acuerdos del Congreso son positivos pero a la vez son restringidos, con
    trabas y desincentivos que limitan su efectividad para resolver los
    problemas planteados (Espinosa, 2011).

    Modelo económico

    Los acuerdos del Congreso no cambian esencialmente el modelo vigente,
    sino que proponen "actualizarlo" de forma gradual y programada, para
    resolver los graves problemas socioeconómicos existentes. La
    planificación central continúa como instrumento primordial de dirección
    económica, aunque transformándose y teniendo en cuenta el mercado y la
    gestión "no estatal" (el término privado no se menciona en los
    acuerdos). Pero ambos mecanismos (el mercado y la gestión privada)
    quedan bajo la influencia del plan y sujetados a controles financieros y
    administrativos, así como a estricta regulación.

    La empresa estatal sigue prevaleciendo y se ratifican formas de gestión
    privada antiguas o introducidas por las reformas de Raúl Castro, pero
    sin agregar nuevas. La gestión de las empresas estatales será más
    descentralizada, mediante el autofinanciamiento y sin subsidios
    fiscales, y en el caso que dichas empresas o las cooperativas tengan
    pérdidas serán cerradas o transferidas a la gestión privada. Además, con
    sus utilidades las empresas podrán crear fondos de inversión y programas
    de estímulo para sus trabajadores y ejecutivos, a la vez que gozarán de
    más "flexibilidad" en la fijación de precios. Asimismo, se aspira a que
    la gestión de las cooperativas sea autónoma y que se negocie libremente
    y sin intermediarios una vez que se cumplan sus contratos con el Estado.
    Finalmente, se contempla desarrollar mercados mayoristas que vendan
    insumos y alquilen equipos al sector privado.

    Usufructo de tierras

    Raúl Castro ha reconocido que se importa el 80 % de los alimentos que
    consume la población, a un costo anual de 1.070 millones de euros (570
    millones más en 2011), mientras que casi un 30 % de un total de 6,6
    millones de hectáreas de tierras estatales están ociosas. Para aumentar
    la producción y reducir las importaciones, se dispuso la entrega en
    usufructo de dichas tierras a individuos, cooperativas y entidades
    estatales, mediante el Decreto-Ley 259 del 10 de julio de 2008. En junio
    de 2010, el director del Centro de Control de la Tierra, Pedro Olivera,
    dijo que se habían distribuido un millón de hectáreas. Casi un año más
    tarde, en marzo de 2011, se informó que hasta el momento se habían
    otorgado 128.000 usufructos, que sumaban en total 1,2 millones de
    hectáreas, quedando aún bastante tierra disponible.

    Los acuerdos del Congreso estipulan dar en usufructo las restantes
    tierras ociosas del Estado, realizando las modificaciones legales que
    correspondan para "asegurar la sostenibilidad" de las tierras
    entregadas. Pero mantienen la venta obligatoria de parte de la cosecha
    al Estado (acopio), aunque aspiran a "mecanismos de gestión más ágiles"
    y permiten al productor concurrir al mercado por sus propios medios.

    Despidos masivos en el ámbito estatal y expansión del trabajo privado

    La Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) divulgó en enero de 2011 los
    primeros datos oficiales del desempleo abierto en 2010, que
    provisionalmente se cifró en 1,6 % (ONE, 2011b). Posteriormente, los
    datos se actualizaron y en la publicación del Anuario Estadístico de
    Cuba, que recoge las cifras oficiales consolidadas de cada año vencido,
    la tasa de desempleo que aparece es del 2,5 % (ONE, 2011c).

    En su discurso sobre el avance de las reformas en este apartado, Raúl
    Castro reconoció que la nómina estatal estaba "inflada" (desempleo
    oculto) y decidió despedir a 500.000 trabajadores en una primera etapa
    de seis meses (entre octubre de 2010 y marzo de 2011), lo que
    representaba el 9,8 % de la fuerza laboral y, por lo tanto, se elevaría
    la tasa total de desempleo al 12 %. En el mismo anuncio se mencionaba
    que a finales del año 2011 se habrían despedido a un millón de
    trabajadores, y que a finales del año 2014 la cifra subiría a 1,8
    millones, lo que supondría respectivamente el 20 % y el 35 % de la
    fuerza laboral (Mesa-Lago, 2010b; ONE, 2011c). Dichos despidos eran
    necesarios para reducir gastos, elevar la productividad laboral y
    aumentar los salarios, que ahora están un 73 % por debajo del nivel real
    de 1989. Para dar empleo a los despedidos se crearían en la primera
    etapa 250.000 trabajos por cuenta propia y una suma igual en otras
    actividades privadas como el usufructo.

    Los acuerdos del Congreso introdujeron algunas innovaciones positivas
    respecto al pasado (Vidal y Pérez Villanueva, 2010), de las que destacan
    las siguientes: 1) la aprobación de 178 actividades por cuenta propia,
    21 más que las permitidas anteriormente; 2) la autorización para emplear
    a trabajadores no familiares en la mitad de las ocupaciones autorizadas;
    3) la posibilidad de venta de bienes y servicios a entidades estatales y
    más flexibilidad para arrendar locales y activos al Estado y
    particulares; 4) la regulación por el Banco Central de pequeños
    préstamos a trabajadores por cuenta propia (comúnmente llamados
    cuentapropistas) para la compra de bienes, insumos y equipo; 5) el
    permiso de un año para extraer en minas pequeños volúmenes de materiales
    de construcción; 6) la afiliación obligatoria a un régimen especial de
    pensiones de seguridad social (antes voluntaria); y 7) el aumento de 12
    a 20 del número de sillas en los pequeños restaurantes (paladares)[2].

    Política social

    Antes del Congreso, Raúl Castro advirtió a la Asamblea Nacional que el
    coste de los servicios sociales era muy elevado, ya que representaba el
    51 % del presupuesto estatal y el 31 % del PIB. Además, como la
    tendencia del coste es expansiva la viabilidad es insostenible y por
    tanto la solución pasa por recortarlo, subordinando el aumento del mismo
    al incremento de la producción y de los recursos fiscales disponibles
    (Castro, 2010). Desde 1995, varios economistas cubanos propusieron
    sustituir los subsidios universales a una gama amplia de bienes y
    servicios por subsidios específicos para personas necesitadas, un
    enfoque ahora validado por Raúl Castro. Aunque no se publican
    estadísticas oficiales sobre niveles de pobreza, algunas encuestas
    muestran que en el año 2002, bastante antes de la crisis actual, la
    cifra promedio de la población urbana en situación de pobreza era del 20
    %, porcentaje que probablemente sería superior en la población no urbana
    (Mesa-Lago, 2010c; Espina, 2011).

    Los acuerdos del Congreso ratificaron los anuncios de Raúl sobre la
    eliminación de "gratuidades indebidas" y del racionamiento "de manera
    ordenada y gradual". De hecho, en el año 2010 varios alimentos y
    manufacturas fueron sacados de la de racionamiento (patatas,
    chícharos, jabón, pasta de dientes, detergente, cigarrillos) y se
    incrementó el precio de algunos bienes y servicios (electricidad, gas,
    , gaso­lina). El sistema de racionamiento vende alimentos a precios
    subsidiados inferiores a su coste, pero solo cubre entre 7 y 10 días del
    consumo promedio mensual, mientras que el resto se debe comprar a
    precios muy altos en mercados agropecuarios y tiendas en divisas. Como
    el subsidio a precios de racionamiento es universal para toda la
    población, sería razonable suprimirlo para los estratos de ingresos más
    altos, pero el racionamiento es fundamental para los segmentos más
    pobres y que además no reciben remesas del exterior, por lo que no puede
    ser eliminado sin antes reforzar los instrumentos de asistencia social.
    Este fue el tema más debatido en el Congreso, donde las opiniones
    oscilaron desde la necesidad de suprimirlo de inmediato, hasta las que
    se oponían enérgicamente a su erradicación. Finalmente Raúl Castro
    prometió que el subsidio no se eliminaría "sin crear las condiciones
    previas para ello" (Castro, 2011), y un acuerdo del Congreso prometía
    garantizar la asistencia social "a las personas que la necesiten".

    Respecto a las pensiones de la seguridad social, estas son una carga
    pesada, y su monto es creciente hasta el punto de que en el año 2010
    supuso el 7,6 % del PIB. El Estado tiene que cubrir el déficit, que
    alcanza al 40 % del gasto, porque los ingresos por cotizaciones son
    inferiores a los pagos efectuados a los beneficiarios. Además, este
    problema se agrava por el acelerado envejecimiento de la población, un
    escenario que en el conjunto de América Latina tan solo está en peores
    condiciones Uruguay. En el año 2010, el 17,8 % de la población cubana
    era mayor de 60 años, y esa cifra aumentará hasta el 30,8 % en el año
    2030. Para enfrentar la situación, el Gobierno cubano llevó a cabo una
    reforma en el año 2008, que aumentó en cinco años las edades de retiro e
    introdujo otros cambios, pero el déficit y la tendencia al desequilibrio
    persisten (Mesa-Lago, 2010a; Peláez, 2011). Uno de los acuerdos del
    Congreso estipuló la disminución del aporte fiscal del Estado para
    cubrir ese déficit entre contribuciones y pagos de las pensiones,
    expandiendo las cotizaciones de los trabajadores estatales y privados.
    Por otro lado, la obligatoriedad para los trabajadores por cuenta propia
    de afiliarse y cotizar sería otra fuente de ingresos.

    En el caso de la educación superior, se produjo una explosión de la
    matrícula como resultado de la "Batalla de ideas", lanzada por Fidel
    Castro en 2003. En ese contexto se crearon 3.150 universidades
    municipales en dos años, pero las prioridades en las carreras y la
    distribución de los alumnos entre ellas generaron diferencias notables.
    Por ejemplo, se produjo un salto enorme en las carreras de humanidades,
    trabajo social, pedagogía y , pero en cambio se contrajo la
    matrícula de estudiantes en ciencias naturales y matemáticas, mientras
    que aumentó ligeramente en ciencias agropecuarias y carreras técnicas.
    Esta situación provocó un déficit de científicos e ingenieros agrónomos,
    que comprometió el desarrollo económico futuro. También, a pesar del
    incremento de los graduados en carreras vinculadas a la educación, los
    bajos salarios de los maestros motivaron el éxodo a ocupaciones más
    lucrativas que dio como resultado un déficit de docentes que se intentó
    cubrir con "maestros emergentes" (jóvenes traídos del interior y
    entrenados con rapidez en cursos breves). En consecuencia, se deterioró
    la calidad de la enseñanza y se crearon graves deficiencias ortográficas
    en los exámenes de admisión universitaria. Posteriormente, Raúl Castro
    corrigió algunos de estos problemas: redujo drásticamente las
    universidades municipales; cerró la ineficaz carrera de los trabajadores
    sociales (que eran utilizados para otras tareas), así como las costosas
    escuelas en el campo; ofreció incentivos a los maestros retirados para
    que regresaran a las aulas; endureció los exámenes de ingreso;
    restringió la matrícula excesiva en carreras no esenciales, y procuró
    aumentar la matrícula en las importantes. En este punto, los acuerdos
    del Congreso estipularon que las matrículas en las carreras
    universitarias debían corresponderse con las demandas de desarrollo
    económico y social.

    Aunque no estaba presente en los Lineamientos para discutir en el
    Congreso, un acuerdo importante del mismo fue la autorización de la
    compraventa de viviendas y de automóviles. La prohibición de la
    compraventa desde 1960 había forzado a la población a efectuar
    "permutas" o intercambio de viviendas de "similar" valor, pero las
    permutas estaban cuajadas de trabas burocráticas y corrupción. También
    en los acuerdos se legitimaron las formas privadas de construcción de
    viviendas (existentes de facto por decenios) y se prometió satisfacer la
    demanda de la población para comprar materiales de construcción a fin de
    conservar y rehabilitar sus viviendas.

    En cuanto a la pública, la exportación de médicos, oftalmólogos,
    enfermeras y otro personal sanitario, especialmente a , ha
    generado ingresos en divisas cercanos a los 3.700 millones de euros
    anuales por ventas de servicios profesionales. Pero también ha creado un
    déficit interno de estos profesionales, pues aproximadamente un tercio
    de los médicos está en el exterior. Un acuerdo del Congreso estipuló que
    se garantizaría que la graduación de especialistas médicos cubriese "las
    necesidades del país y las que se generen por los compromisos
    internacionales".

    Finalmente, respecto a los ingresos de la población, Raúl Castro
    reconoció que los salarios eran insuficientes para satisfacer las
    necesidades mínimas, ya que, como se ha dicho anteriormente, su valor
    real cayó el 73 % entre los años 1989 y 2010. En el Congreso se alcanzó
    un acuerdo que estipulaba el aumento de los salarios de manera gradual,
    pero para ello sería preciso aumentar considerablemente la producción y
    la productividad.

    Limitaciones y dificultades en la aplicación de las reformas y los acuerdos

    Los acuerdos del Congreso deben ser implementados mediante leyes
    aprobadas en la Asamblea Nacional del Poder Popular, que solo se reúne
    unos días en junio y diciembre, por lo que para una ejecución expedita
    habría que expandir las sesiones o habilitar otras reuniones. Sin
    , algunos acuerdos podrían ser implantados por decretos del
    Ejecutivo.

    Modelo económico

    No se concretó un modelo porque los acuerdos ni siquiera bosquejan el
    nivel de participación e interrelaciones entre el plan y el mercado, a
    la vez que hay contradicciones entre algunos acuerdos, los cuales dejan
    algunos aspectos importantes por cubrir[3]. Varias veces durante la
    revolución se intentó sin éxito aplicar políticas para lograr la
    descentralización, el autofinanciamiento y el cierre de empresas con
    pérdidas. Tampoco se logró que con los beneficios de las empresas se
    crearan fondos de inversión y programas de estímulo para la productividad.

    El sistema de "perfeccionamiento empresarial" —creado por Raúl Castro en
    el marco de las entidades gestionadas por las Fuerzas Armadas, sin que
    se consiguiese extender con éxito del sector militar al civil— se
    incorporó al modelo, pero sin indicar la forma de integrarse con el
    mercado y el sector privado, ya que no se permite la concentración de la
    propiedad privada, ni que la propiedad cooperativa sea vendida o
    arrendada a cooperativas o al sector privado; tampoco que dicha
    propiedad sea usada como garantía colateral para préstamos destinados a
    la inversión. Respecto a la inversión extranjera, se mantuvo la misma
    pauta seguida hasta el momento; por lo tanto, se circunscribe a las
    "actividades de interés para el país", lo que ya había provocado la
    caída del número de empresas "mixtas" en el período de 2002 a 2009, a
    pesar de la desesperada necesidad de capital exterior y de transferencia
    de tecnología que demandaban todos los sectores de la economía.

    En cuanto a los precios de los bienes y servicios, se mantuvo la
    fijación centralizada en las áreas que "interese regular",
    "descentralizando las restantes" (sin especificar unas y otras). En los
    Lineamientos se dejaba para más adelante el hecho de conseguir una mayor
    "flexibilidad" de las empresas para fijar precios, cuando se
    establecieran regulaciones "que aseguren los intereses del país", pero
    esta cláusula se eliminó de los acuerdos. Por último, se estipuló
    "revisar integralmente el sistema de precios", pero sin guías de cómo
    hacerlo.

    En los acuerdos también aparecen grandes metas idealistas, pero no se
    llegó siquiera a esbozar estrategias para alcanzarlas. Entre ellas cabe
    destacar la recuperación de la capacidad exportadora en azúcar, níquel,
    y pesca; la reducción de la dependencia en las importaciones; la
    supresión de los subsidios a las exportaciones; así como la eliminación
    de la dualidad monetaria (peso convertible y peso nacional). Existe un
    consenso en que la reducción de la dependencia en las importaciones de
    alimentos requiere un aumento de la producción interna, y que la
    unificación monetaria ha de ser precedida por un incremento en la
    producción y la productividad. Sin embargo, el análisis de la situación
    indica que las reformas y los acuerdos son insuficientes para lograr
    esos objetivos, y además las estadísticas del año 2010 muestran una
    caída en la producción. Finalmente, la supresión de los subsidios a las
    exportaciones requiere una reforma integral de los precios que está
    apuntada en los acuerdos, pero con serias contradicciones y aspectos
    problemáticos no resueltos.

    Usufructo de tierras

    La regulación de las tierras en usufructo confronta fuertes limitaciones
    y también desincentivos no enmendados por los acuerdos. La extensión de
    las parcelas cedidas no puede ser mayor de 13,4 hectáreas. Es usual que
    estén cubiertas de marabú (un arbusto espinoso muy difícil de extraer),
    o que su rendimiento sea bajo. También con frecuencia no hay acceso a
    agua ni a recursos para cavar un pozo, todo lo cual demanda gran
    esfuerzo para limpiar, cultivar y regar la tierra. Además, se prohíbe al
    usufructuario construir una casa en la parcela, por lo que puede que
    tenga que recorrer una distancia considerable para hacer su trabajo. La
    propiedad de la tierra se mantiene en poder del Estado, y es este el que
    concede el contrato de usufructo por solo diez años a personas físicas
    (el doble si se trata de cooperativas y entes estatales), renovables
    otros diez si el usufructuario cumple sus obligaciones. En el caso de
    las cooperativas y de las entidades estatales el término del contrato
    son veinte años.

    El contrato es rescindido si la tierra no se cultiva "de forma racional
    y sostenible", según el juicio del Gobierno, o no se vende al Estado la
    producción contratada, o si éste decide cancelarlo por razones de
    utilidad pública o de interés social.

    El Gobierno asigna al usufructuario una cuota de la cosecha (hasta el 70
    %) para su venta obligatoria al Estado (acopio) a un precio inferior al
    de mercado. En los Lineamientos se proponía como innovación que la
    mayoría de los precios fuese fijada por la oferta y la demanda, pero los
    acuerdos suprimieron esa cláusula y ratificaron que el Estado
    determinaría el precio de acopio. En caso de rescisión del contrato, la
    ley no es clara respecto a si el Estado se queda o reembolsa al
    usufructuario el valor de la limpieza de marabú y otras mejoras
    efectuadas para el buen desempeño de las parcelas de tierra. La mayoría
    de los usufructuarios carece de experiencia para cultivar la tierra,
    pero ya en dos años deben comenzar a producir y vender al Estado. En
    cambio, desde el inicio del usufructo hay que pagar tres impuestos
    gravosos: 1) sobre la posesión y el uso de la tierra; 2) sobre la fuerza
    de trabajo y la seguridad social; y 3) sobre los ingresos personales.
    Los usufructuarios necesitan crédito a bajo interés para comprar
    semillas, fertilizantes, aperos de labranza y equipo.

    Algunas de las restricciones apuntadas ya habían sido mitigadas: en el
    discurso pronunciado el 18 de diciembre de 2010 ante la Asamblea
    Nacional, Raúl Castro había prometido que el Estado compensaría a los
    usufructuarios por la inversión y por las mejoras efectuadas (Castro,
    2010); en marzo de 2011, el Gobierno aprobó que los bancos estatales
    otorgasen pequeños créditos a un interés anual creciente del 3 % al 7 %,
    según el período de tiempo del préstamo, pero el número de prestatarios
    fue reducido y el crédito no ha podido usarse para erradicar el marabú,
    sino para iniciar la producción (Granma [18.12.2010 y 30.03.2011] y
    Reuters [22.03.2011]). También se informó que el Gobierno podría aceptar
    pequeños créditos extranjeros en divisas para incrementar la producción
    agrícola, pero estos irían al Banco de Crédito y Comercio, de propiedad
    estatal, en vez de a los usufructuarios (El Financiero [11.10.2010]). En
    octubre se anunció que se extendería el tamaño de las parcelas
    entregadas en usufructo hasta 67 hectáreas (cinco veces más que antes) a
    aquellos usufructuarios que demostrasen que habían aumentado la
    producción (Frank, 2011).

    Después del VI Congreso, el de la Asociación Nacional de
    Agricultores Pequeños (ANAP), Orlando Lugo, realizó unas declaraciones
    donde hace un balance de los defectos en la regulación del usufructo de
    tierras y sugiere algunas posibles mejoras[4]. En primer lugar señala
    que el plazo de diez años para el usufructo a los campesinos privados y
    las condiciones que el Estado determina para poder rescindir los
    contratos desincentivan la producción. En su opinión, el usufructo debe
    ser permanente y los hijos del usufructuario deberían tener derecho a
    heredarlo. En segundo lugar, indica que habría que permitir que los
    campesinos construyesen una casa en la parcela cedida y darles
    facilidades para que adquiriesen los materiales necesarios para su
    trabajo. Otra cuestión es que aunque se hayan dado créditos para comprar
    insumos a 10.000 campesinos (no solo usufructuarios), este número
    representa tan solo el 2,5 % del total de los 400.000 miembros de la
    ANAP. Además, en el año 2010 no se dieron créditos ni insumos a los
    usufructuarios, hecho que motivó la caída de la producción agrícola, y
    ha habido quejas sobre los altos precios y la baja calidad de los
    productos vendidos. Finalmente, Lugo plantea que no debe producirse una
    comercialización monopolizada por el Estado (acopio), y en su lugar hay
    que permitir la comercialización directa de los campesinos a la red
    minorista. Por su parte, Armando Nova (2010), un investigador cubano
    sobre temas agrícolas, recomienda que el usufructuario tome sus propias
    decisiones sobre qué sembrar, a quién vender y cómo fijar los precios;
    que las cooperativas sean autónomas; y que se reduzca el acopio a lo
    indispensable y la mayoría de la producción se venda a precios de mercado.

    Trabajo por cuenta propia y despidos masivos

    La regulación del trabajo por cuenta propia ha sufrido vaivenes durante
    la historia de la revolución, que han generado incertidumbre sobre su
    futuro. En un principio este estaba prohibido, luego se autorizó al
    inicio de los años ochenta, y después se criticó. Más tarde se amplió
    durante la crisis económica de los noventa, pero ante los primeros
    síntomas de recuperación, este se volvió a restringir. En cuanto a la
    evolución del número de trabajadores por cuenta propia, el cénit se
    alcanzó con 169.000 en el año 2005, justo veinticinco años después de la
    apertura inicial, pero a finales del 2010 el número se redujo a 147.000
    (ONE, 2011c). Varios economistas cubanos y extranjeros habían sugerido
    que el Estado se reservase las áreas estratégicas y permitiese el
    trabajo por cuenta propia del resto, pero los acuerdos autorizaron solo
    178 ocupaciones muy concretas. Entre esas ocupaciones algunas son de
    cierta importancia (electricista, productor y vendedor de bienes
    determinados, transportista de carga y pasajeros, reparador, traductor e
    intérprete), pero la inmensa mayoría de empleos son artesanales y sin
    cualificación (aguador, limpiabotas, payaso, carretillero, pelador de
    frutas). Además, continúa la prohibición de trabajar por cuenta propia a
    los profesionales, muchos de los cuales serán despedidos y solo podrán
    ocuparse de trabajos no calificados. Igualmente, a pesar de la
    advertencia de Raúl Castro contra la discriminación por género en los
    despidos, hay evidencia de que ello está ocurriendo (Diario de Cuba
    [13.06.2011]).

    Otro problema que se observa en la regulación del trabajo por cuenta
    propia es el exceso de impuestos. En primer lugar está la licencia para
    trabajar, que se paga a suma alzada. Le sigue un impuesto sobre el
    ingreso, que varía entre el 10 % y el 40 % según las ocupaciones.
    Después está el 25 % por la utilización de la fuerza de trabajo, que
    puede ser mayor a medida que aumenta el número de trabajadores, así como
    los aportes a la seguridad social. Finalmente está el 10 % por las
    ventas y otro 10 % por el uso de los servicios públicos. La ministra de
    Finanzas y Precios, Lina Pedraza (2010), asegura que el promedio de la
    carga tributaria para los trabajadores por cuenta propia oscila entre el
    30 % y el 35 %, y que el promedio de las utilidades finales ronda entre
    el 20 % y el 25 %. Sin embargo, el economista canadiense Archibald
    Ritter (2011) estima que la tasa efectiva puede exceder el 100 % del
    ingreso neto de los cuentapropistas, y que es superior a la carga
    tributaria que se aplica a las empresas con capital extranjero. Por su
    parte, la ministra Pedraza declaró ante la Asamblea Nacional del Poder
    Popular, en diciembre de 2010, que el impuesto por la utilización de la
    fuerza laboral crecería según se utilizase mayor cantidad de
    trabajadores, a fin de desestimular la contratación, que el negocio
    rinda menos utilidades, y así evitar la concentración de la riqueza.
    Posteriormente, uno de los acuerdos del Congreso prohibió la acumulación
    de la propiedad para impedir desigualdades en el ingreso. En definitiva,
    vemos como con los impuestos a los trabajadores por cuenta propia se
    planeaba incrementar el ingreso fiscal en un 300 % en el año 2011, pero
    debido a las restricciones antes citadas se mató al ganso antes de que
    pusiera los huevos de oro.

    Por último, los trabajadores por cuenta propia afrontan dificultades
    para obtener todos aquellos elementos necesarios para desempeñar su
    labor, incluyendo el acceso al crédito. Los cuentapropistas necesitan
    pequeños créditos para adquirir insumos, materiales y equipo en un
    mercado mayorista, como reconoció a finales del año 2010 el ministro de
    Economía, Marino Murillo (2010), hecho por el que prometió que este
    problema se resolvería "en los próximos años". En este sentido, la Unión
    Europea, España y Brasil, así como un grupo de empresarios
    cubano-americanos en la Florida, han ofrecido alrededor de 14 millones
    de euros para asistencia financiera y asesoría en negocios de los
    cuentapropistas (El Fi­nanciero [11.10.2010]), pero hasta el momento el
    Gobierno no ha hecho pública su decisión de si los ha aceptado o no.

    [1] Los documentos oficiales de referencia sobre el tema son los
    siguientes: Proyecto de lineamientos de la política económica y social,
    VI Congreso del Partido Comunista de Cuba. (La Habana, 9 noviembre de
    2010); Información sobre el resultado del debate de los lineamientos de
    la política económica y social del partido y la revolución. (La Habana,
    VI Congreso del PCC, 1 mayo de 2011).
    [2] Véanse las informaciones de prensa de AP (27.06.2010) y Reuters
    (22.03.2011).
    [3] El economista cubano Pavel Vidal (2011) se pregunta "el plan está
    por encima del mercado, pero ¿hasta dónde?".
    [4] Véase la entrevista efectuada a Orlando Lugo en Juventud Rebelde
    (14.05.2011).

    Este trabajo apareció publicado originalmente por el CIDOB, Barcelona
    Centre for International Affairs. Se reproduce con la autorización del
    autor.

    http://www.cubaencuentro.com/cuba/articulos/reformas-de-raul-vi-congreso-del-pcc-y-resultados-i-272503

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