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    Economía, Cambios

    Reformas de Raúl, VI Congreso del PCC y resultados (II-Final)

    Análisis de las reformas económicas que lleva a cabo el gobierno cubano,
    realizado por Carmelo Mesa-Lago, Catedrático Distinguido Emérito de
    Economía de la de Pittsburgh. Segunda parte y final

    Carmelo Mesa-Lago, Pittsburgh | 05/01/2012

    Política social

    El aumento de ingresos a la seguridad social podría significar una
    fuente adicional de fondos si realmente se expandiese notablemente la
    afiliación de cuentapropistas. Pero hay que tener en cuenta el impacto
    negativo en el ingreso por la caída en el empleo y de las cotizaciones
    en el sector estatal, donde solo un cuarto de los empleados cotiza y es
    difícil extender la contribución por los bajos salarios (Mesa-Lago,
    2010b). Para elevar el valor real de los salarios habría que generar
    primero un aumento considerable en la producción y la productividad, lo
    cual requiere reformas más profundas que las hasta ahora implementadas o
    aprobadas en el Congreso.

    Respecto al gasto social, el economista cubano Pavel Vidal (2011)
    recomienda que la asistencia social se incremente de manera rápida, sin
    demoras, pues de lo contrario "habría un costo social muy grande". De
    ese modo, los grupos vulnerables deben ser identificados y deben crearse
    nuevos mecanismos, así como formar el personal para ello. Un acuerdo del
    Congreso prescribió que la asistencia social la recibieran "las personas
    que realmente la necesitan", lo cual si se hace con la focalización
    adecuada excluiría a beneficiarios que no están en situación de pobreza
    y así se ahorrarían recursos. Por otra parte, se dispuso "eliminar
    prestaciones que pueden ser asumidas (…) por los familiares de las
    personas beneficiadas", pero la factibilidad de esta acción es dudosa en
    vista de las necesidades generalizadas de la población.

    Por último, el Congreso no sentó las reglas básicas para la compraventa
    de viviendas ni eliminó la permuta, aunque estipuló que se
    flexibilizaría (véase más adelante el análisis de la ley promulgada
    sobre esto). Además, durante la presentación ante la Asamblea Nacional
    de los resultados económicos del año 2010 y el plan de la economía para
    2011, el ministro de Economía, Marino Murillo (2010), anunció la
    abolición del precio subsidiado a materiales de construcción vendidos a
    la población para la construcción de sus viviendas, debido a la venta
    ilegal de dichos materiales con enorme ganancia para quienes especulan
    con ellos (hay que recordar que el precio subsidiado de un bloque es el
    10 % del precio oficial). Esta medida es fiscalmente correcta, pero
    perjudicará al sector más pobre y de bajos ingresos, ya que no tendrá
    acceso a dichos materiales a un precio diez veces mayor.

    Resultados de las reformas y ajustes aplicados

    Aunque el modelo económico aún no ha sido "actualizado", tanto la
    experiencia histórica como las limitaciones antes analizadas generan
    dudas sobre su éxito. En la presentación del informe central al VI
    Congreso, Raúl Castro (2011) anunció que el proceso tomaría un
    quinquenio y de paso amonestó: "lo que aprobemos en este Congreso no
    puede sufrir la misma suerte que los acuerdos de los congresos
    anteriores, casi todos olvidados sin haberse cumplido". Por su parte,
    Pavel Vidal (2011) ha expresado: "No veo un cambio estructural
    importante en (…) la planificación [hay] que otorgar mayor espacio al
    mercado (…) regulándolo con instrumentos indirectos de penalización y
    estímulos, no [actualizar] un sistema centralizado que ha demostrado una
    y mil veces ser ineficiente en Cuba y fuera de Cuba". El modelo de
    socialismo de mercado chino o vietnamita, que otorga un papel mayor al
    mercado y al sector privado, ha dado excelentes resultados por decenios.
    Si se hubiese seguido este modelo, adaptado a las necesidades cubanas,
    hubiese habido mayor probabilidad de éxito.

    Respecto al usufructo, a mediados del año 2010, el ministro de Economía,
    Marino Murillo, expresó su preocupación por la falta de resultados
    productivos. Por su parte, Pedro Olivera, director general del Centro
    Nacional de Control de la Tierra del Ministerio de Agricultura, alegó
    que la evaluación del impacto en la producción tomaría dos años. Pero la
    producción agrícola disminuyó el 3 % en el año 2010, con resultados
    negativos en la mayoría de los productos. El impacto más grave se
    produjo en la producción del tabaco en rama, el , los y la
    mayoría de las frutas, con caídas entre

    el 19 % y el 27 %. Después encontramos los cítricos y las hortalizas,
    con descensos entre el 16 % y el 17 %, y luego los huevos y los
    tubérculos, que disminuyeron entre 0 % y 3 %. Tan solo aumentaron un 2 %
    las cabezas de ganado, y entre el 5 % y el 6 % la producción de leche y
    la cosecha del maíz.

    Las cifras preliminares del primer trimestre del año 2011 muestran una
    reducción en la superficie cultivada del sector privado (con poquísimas
    excepciones), aunque se aprecia un aumento en la producción de la
    mayoría de los cultivos respecto al deprimido año 2010 (ONE, 2011a,
    2011b, 2011c)[5]. Por el contrario, estadísticas también preliminares
    del período enero-septiembre de 2011, comparadas con el mismo período en
    2010, indican que la superficie cultivada total y del Estado se
    contrajo, pero la privada se había expandido, especialmente en cítricos
    (un 94 %), aves, ganado porcino y alubias (entre un 42 % y un 49 %). La
    producción agropecuaria creció un 7,2 %, aunque con diferencias
    notables: los mayores aumentos se registraron en el arroz (un 64 %) y
    las alubias (un 62 %), mientras que las peores caídas fueron para los
    cítricos (un 29 %) y las patatas (un 14 %). La desagregación de la
    producción por sector demuestra que el sector estatal tuvo un mal
    resultado y lo opuesto ocurrió en el sector privado. Por ejemplo, las
    cabezas de ganado disminuyeron el 8 % en el estatal, y crecieron el 92 %
    en el privado; mientras que las proporciones respectivas en otros
    productos fueron las siguientes: cítricos, caída del 20 % y aumento del
    94 %; tubérculos, caída del 14 % y aumento del 18 %; plátano, caída del
    29 % y aumento del 10 %; hortalizas, caída del 19 % y aumento del 7 %; y
    alubias, aumentos del 6 % y del 43 %, respectivamente (ONE, 2011d).

    Estas cifras preliminares adolecen de contradicciones, pues aunque se
    contrajo la superficie sembrada no dejó de aumentar la producción, lo
    cual sólo podría explicarse por una mayor eficiencia y por el uso de
    fertilizantes, herbicidas, etc. Además, ONE define al sector privado
    como de campesinos no organizados en cooperativas que cultivan tierras
    no estatales, por lo que parece excluir a los usufructuarios, aunque
    estos tampoco se identifican con los sectores estatal y cooperativo. Hay
    que esperar a las estadísticas completas del año 2011 y a la
    desagregación de la superficie y producción usufructuarias, pero las
    cifras disponibles indican que después de la caída en 2010 de la
    producción agrícola, esta aumentó en 2011 en el sector privado y
    disminuyó o se estancó en el sector estatal. Aun con este adelanto, la
    producción agrícola en 2011 estaba muy por debajo de la existente en el
    año 2005, y peor aún respecto al año 1989, antes de la crisis.

    En las reformas agrarias de China y Vietnam, el Estado también retuvo la
    propiedad de la tierra pero, a diferencia de Cuba, dichos países
    otorgaron contratos de duración indefinida, y dieron a los
    agricultores para plantar lo que deseasen, vender los productos a
    quienes quisiesen y fijar su precio de acuerdo con la oferta y la
    demanda. Bajo estas políticas, se consiguió un enorme y rápido
    incremento de la producción agrícola, se alcanzó la autosuficiencia
    alimentaria y se generaron excedentes que luego fueron exportados. A
    modo de ejemplo, Vietnam es hoy el primer exportador arrocero del mundo,
    y vende a Cuba la mayor parte del arroz que se consume en la Isla.

    En cuanto al trabajo por cuenta propia, los resultados no han sido muy
    halagüeños. A fines del año 2010 se contabilizaban 147.400 personas
    registradas, solo 3.600 más que en 2009, aunque el programa había
    comenzado a implementarse a principios de octubre de 2010 (ONE, 2011c).
    En el discurso de clausura en la Asamblea Nacional del Poder Popular, el
    18 de diciembre de 2010, Raúl Castro (2010) apremió al Partido y al
    Gobierno para que facilitaran el avance del cuentapropismo, llamó a "no
    generar estigmas ni prejuicios contra ellos, ni mucho menos
    demonizarlos" y pidió "modificar la apreciación negativa existente".
    Pero a pesar de estos augurios favorables, el 28 de febrero de 2011 se
    anunció que no se cumpliría la meta de la primera etapa, y tampoco se
    fijó un plazo para alcanzarla, salvo vagas referencias al plan
    quinquenal 2011-2014. A fines de octubre de 2011, el Gobierno reveló que
    solo se había despedido al 10 % del millón de trabajadores que debía ser
    sacado del sector estatal en diciembre de ese año. También informó que
    se habían creado 190.600 trabajos por cuenta propia adicionales, es
    decir, un 76 % de la meta de los 250.000 previstos, además de que dos
    tercios de las actividades registradas como nuevas se estaban realizando
    anteriormente de forma ilegal (Arreola, 2011a y b).

    Entre el 1 de octubre de 2010, cuando se empezó a aplicar el programa, y
    el 30 de abril de 2011, justo después del VI Congreso, se habían
    concedido 221.839 licencias, de las que habría que descontar 27.000
    devoluciones por parte de personas que no pudieron llevar a cabo su
    desempeño. Pero el 68 % de los nuevos trabajadores que accedieron a
    licencias por cuenta propia no tenía relación laboral previa con el
    Estado, lo que significa que ya eran antiguos desempleados que hacía
    tiempo que se habían desvinculado de las actividades controladas por el
    mismo. Además, el 16 % de las nuevas licencias fueron otorgadas a
    jubilados o trabajadores estatales, con lo cual el resultado final
    indicó que solo 35.494 personas, alrededor de otro 16 %, eran en
    realidad desempleados recientes tras el proceso de despidos masivos.
    Entre las razones para justificar la lentitud en los despidos y la
    creación de empleos privados se mencionaron la resistencia de los
    administradores estatales, la exigencia de documentos y trámites no
    legales a los cuentapropistas, así como la dilación excesiva para
    conceder licencias sanitarias (Granma [28.02.2011, 17.05.2011 y
    21.05.2011] y Juventud Rebelde [19.03.2011]).

    Tras un análisis de la evolución del proceso de despidos y del trabajo
    por cuenta propia, el Consejo de Ministros aprobó en mayo de 2011 varios
    ajustes: 1) congeló todas las plazas estatales y extendió el cronograma
    de despidos sin fijar fecha; 2) permitió la contratación de trabajadores
    no familiares en las 178 ocupaciones aprobadas, y aumentó de 20 a 50 el
    número de sillas autorizadas en restaurantes privados (paladares), a la
    vez que facilitó que restaurantes estatales con baja actividad fueran
    arrendados a cuentapropistas; 3) suspendió el impuesto de utilización de
    la fuerza laboral en 2011 a los que contraten hasta 5 empleados, y
    también redujo cuotas mensuales o impuestos a varias actividades; 4)
    eliminó la obligatoriedad de afiliarse y cotizar a la seguridad social a
    mujeres de 60 o más años y a hombres de 65 o más; 5) asignó 14 millones
    de euros para asegurar la venta de mercancías a los cuentapropistas,
    pero dejó para el futuro la creación del mercado mayorista; 6) autorizó
    la actividad de agente de seguros; y 7) concedió a las embarazadas
    despedidas que no encontraran empleo la licencia de maternidad que antes
    perdían (Granma [17.05.2011 y 27.05.2011]). En septiembre de 2011 el
    Gobierno redujo las tasas de tributos mensuales a las personas que
    ofrecen hospedajes a cubanos y extranjeros, así como prometió que se
    extendería a otras ocupaciones el experimento de arriendo a trabajadores
    de peluquerías, barberías y salones de belleza. A comienzos de noviembre
    de 2011 el Consejo de Ministros anunció que habría nuevas cuotas de
    pagos de impuestos, sin mayor aclaración[6].

    En el caso de la educación superior, se observa que la cantidad de
    alumnos matriculados en , que aumentó un 61 % entre 2005 y 2010,
    había disminuido el 21 % en el curso 2010-2011. Esto significa un
    obstáculo para que se haga efectivo el acuerdo del Congreso para que la
    graduación de especialistas médicos cubra las necesidades del país y las
    que se generen por los compromisos internacionales. Por otra parte, el
    gasto en educación se redujo porque el número de universidades
    municipales había decrecido un 96 % entre 2009 y 2011, mientras que
    todas las escuelas de trabajadores sociales habían sido cerradas (ONE,
    2011c).

    Respecto al sistema de pensiones, la reforma del año 2008 se suponía que
    pospondría de 2015 a 2020 el momento en que habría más retirados que
    trabajadores entrantes en la fuerza laboral (Peláez, 2011). No obstante,
    dicha reforma no ha reducido de manera significativa el severo déficit
    del sistema, ya que para equilibrarlo en el año 2010 habría que haber
    subido hasta el 21 % la cotización actual del 12 % sobre el salario
    (pagada por las empresas), y en los años sucesivos ese porcentaje
    debería ir en aumento. Por otra parte, en abril de 2011 se habían
    registrado 198.511 personas en el régimen especial de la seguridad
    social, incluyendo a cuentapropistas que ejercían antes de iniciarse el
    proceso de extensión del trabajo privado (Granma [30.04.2011]). En
    cuanto a los gastos en asistencia social, si se hace una comparación con
    las cifras de los años 2006 a 2008, en 2010 estos gastos se redujeron un
    39 %, el número de beneficiarios un 61 %, los adultos mayores con
    asistencia un 51 % y los beneficiarios de asistencia a domicilio un 67 %
    (ONE, 2011c). Estos severos recortes, unidos a la eliminación gradual de
    gratuidades y del , más el acuerdo citado que restringe la
    ayuda a ciertos beneficiarios, perjudica a grupos vulnerables e implica
    una erosión en la red de protección social que es esencial en la reforma.

    Referente a la vivienda, la construcción total de residencias cayó un 6%
    en el año 2010, mientras que la edificación de viviendas privadas se
    desplomó un 19% en el mismo año; la eliminación de subsidios a los
    materiales de construcción pudo ser la causa que provocó esa disminución
    mayor (ONE, 2011c). En este sentido, el grupo de población de bajos
    in­gresos no puede comprar los materiales a precios diez ve­ces
    superiores, por lo que se debería estudiar la posibilidad de ofrecer
    vivienda subsidiada para los grupos vulnerables. Una medida de gran
    envergadura fue la promulgación de la esperada ley de vivienda que entró
    en vigor el 10 de noviembre de 2011. La misma autoriza la compraventa de
    viviendas por parte de ciudadanos y extranjeros residentes permanentes
    en la Isla y permite a los compradores y vendedores fijar libremente el
    precio y mudarse cuando lo deseen. Además, autoriza las ventas y
    permutas de viviendas de cubanos que emigran definitivamente sin estar
    sometidas a la aprobación estatal. Se permite la donación de vivienda y
    la transferencia gratuita a los herederos familiares. La permuta
    subsiste, pero ahora es legal el pago de una compensación que antes se
    hacía de forma ilegal. Esta ley puede generar el capital que tanto
    necesita el sector privado para lanzar y expandir sus pequeños negocios,
    así como impulsar la reparación de las deterioradas viviendas
    existentes. También resuelve la situación de parejas divorciadas que son
    copropietarias de una vivienda al permitir su venta de mutuo acuerdo.
    Por otra parte, también contiene restricciones: la propiedad se limita a
    una residencia permanente y otra de veraneo o descanso (a fin de evitar
    la concentración de la propiedad); el financiamiento debe hacerse a
    través del Banco Central de Cuba, que obliga a pagar una licencia aún no
    determinada; se carga un impuesto del 6 % del valor de la compraventa (4
    % en caso de permuta), y se establecen penas severas, incluso prisión,
    para aquellos que mienten sobre el valor real de sus viviendas (Ley
    general de la vivienda, 2011). Se especula que la autorización para
    tener una segunda casa de veraneo podría abrir un agujero legal para que
    cubanos emigrados compren viviendas a través de sus parientes en Cuba.
    Un potencial efecto indeseado de la ley puede ser el aumento de las
    desigualdades respecto a la vivienda entre la población, pues los que
    tengan más dinero comprarán casas en las mejores áreas y los que
    carezcan de recursos estarán condenados a permanecer en "solares" (una
    casa dividida entre muchos propietarios de pequeños habitáculos) de los
    peores barrios. Además, el propietario de una vivienda arrendada puede
    venderla y el arrendatario quedarse en la calle (Cave, 2011).

    Otra disposición importante que entró en vigor en octubre de 2011 es la
    autorización de la compraventa de automóviles, de manera libre y en
    pesos nacionales, entre ciudadanos cubanos que viven en la Isla y
    extranjeros residentes permanentes; se incluyen los viejos coches
    estadounidenses anteriores a 1959 y los fabricados en la URSS, otorgados
    por razones de trabajo antes de 1990. Por su parte, el comprador puede
    tener más de un coche, y los artistas, deportistas, intelectuales y/o
    otros profesionales que hayan rendido servicios en el extranjero también
    pueden adquirir autos modernos comprados con autorización. Los cubanos y
    extranjeros residentes pueden comprar, cada cinco años, un auto nuevo
    con pesos convertibles o divisas a través de agencias comerciales o
    importarlos; los residentes extranjeros temporales pueden tener hasta
    dos coches durante su estadía (Regulaciones para la transmisión de
    vehículos de motor, 2011).

    Las restricciones legales se aplican especialmente a la compra de coches
    modernos, con trabas burocráticas e inclusiones y exclusiones
    arbitrarias. Dicha compra debe tramitarse ante el gobierno regional, que
    a su vez hace una petición al Ministro de , y el permiso puede
    tardar hasta cuatro meses. El comprador debe demostrar que sus ingresos
    han sido obtenidos en servicios prestados al Estado. Asimismo, se les
    permite la compra de autos a intelectuales o artistas que reciban
    premios internacionales o derechos de autor a través de entidades
    oficiales, así como a trabajadores de la pesca, el tabaco, la marina
    mercante, las aerolíneas y la base naval de Guantánamo; pero se excluye
    a los receptores de remesas del exterior y a los microempresarios cuando
    esas son sus fuentes únicas de ingreso, además de a los profesionales de
    la salud que prestan servicios en Venezuela, , Nicaragua y
    Ecuador. La compraventa de autos puede ser gravada con tres impuestos:
    transporte, ingresos personales y transmisión de bienes y herencia. A
    los cubanos que emigran de forma definitiva, el Estado les confisca su
    auto, el cual transmite en propiedad a las personas que tienen derecho,
    aunque les pueden negar este derecho por razones de utilidad pública o
    interés social, de ahí que sea más restrictiva que en el caso de la
    vivienda (Regulaciones para la transmisión de vehículos de motor, 2011).
    El Estado cobra 21.000 euros por un Hyundai Accent nuevo, pero el mismo
    auto usado se vende por 22.000 euros, y el simple permiso de compra de
    un coche se revende por 7.500 euros, por lo que la ley no podrá impedir
    la especulación (Burnett, 2011).

    ¿Consenso o disenso en la dirigencia sobre las reformas?

    Hasta el momento, las dos reformas estructurales principales que se
    pusieron en marcha no han logrado un éxito claro. En la reforma de la
    agricultura, a pesar de la cesión de tierras en usufructo, la producción
    agrícola cayó en 2010 y, aunque aumentó en 2011 en el sector privado, se
    desconoce si fue por los campesinos no afiliados a cooperativas o por
    los usufructuarios. En la reforma laboral se incumplió la meta de
    despidos, y la creación de empleos privados fue insuficiente, en gran
    medida debido a las trabas y los desincentivos impuestos. En cuanto a la
    "actualización" del modelo económi­co, con persistente predominio de la
    planificación centralizada y de la empresa estatal, 52 años de intentos
    fallidos para mejorar auguran un nuevo fracaso. La combinación de los
    despidos, la eliminación de gratuidades y el racionamiento, más los
    recortes sociales —incluyendo la esencial asistencia social— pueden
    provocar una situación peligrosa. Por último, la autorización de la
    compraventa de viviendas y automóviles son medidas muy positivas, aunque
    también repletas de restricciones que son demasiado recientes para
    evaluar sus efectos.

    El interrogante crucial es saber el motivo por el que no fueron
    corregidas las fallas de las reformas durante los meses de debates
    previos a la celebración del VI Congreso, en los que participaron nueve
    millones de cubanos, o por parte de los 1.000 delegados que asistieron a
    dicho congreso. Tampoco se propusieron posibles soluciones en las
    reuniones de la Asamblea Nacional del Poder Popular, o en el Comité
    Central del PCC y su Buró Político. Después del VI Congreso, y en vista
    de los pobres resultados de las reformas, el Consejo de Ministros hizo
    ajustes, especialmente en el trabajo por cuenta propia y la compraventa
    de viviendas y coches, pero aún persisten problemas fundamentales. La
    Conferencia Nacional del PCC, anunciada para la segunda mitad del año
    2011, y pospuesta para enero del 2012, parece estar encaminada a
    determinar el papel del Partido y sus relaciones con el Gobierno
    (Castro, 2010), aunque quizás amplíe y profundice las reformas
    estructurales.

    La eficacia de las reformas y de los acuerdos del VI Congreso está
    obstruida por objetivos contradictorios. Por un lado, se pretende
    aumentar la producción para reducir las importaciones y expandir las
    exportaciones, así como eliminar el empleo estatal excedente, y se
    reconoce el papel creciente del mercado y el sector privado. Pero, por
    el otro, se pone énfasis en el plan central, el control, la empresa
    estatal y los fuertes impuestos al sector privado que obstaculizan su
    desarrollo. A pesar de las reiteradas aseveraciones de Raúl Castro sobre
    la unidad en la dirigencia, los elementos analizados en este artículo
    indican que existe un disenso en la cúpula del poder, así como en los
    niveles intermedios. Mientras unos apoyan las reformas como única vía
    para mejorar el desempeño económico y social, para así salvar la
    revolución, otros se resisten a ellas por temor a desatar fuerzas que se
    escapen del control del régimen o porque la competencia privada amenace
    sus posiciones y privilegios. El resultado es un compromiso ineficaz e
    insostenible.

    Con el diseño actual, las reformas podrían alcanzar mejoras modestas,
    pero mientras no se resuelva el disenso en la dirigencia para expandir y
    profundizar estas reformas, no se conseguirá resolver los problemas
    económicos y sociales fundamentales de Cuba. Dos alternativas se
    perfilan en el futuro: a) una lucha en la dirigencia para impulsar las
    reformas o b) la continuación del statu quo con el riesgo de provocar
    una mayor erosión económica y social de imprevisibles consecuencias.
    Desde aquí abrigo la esperanza en que la historia tome el primer
    derrotero y triunfen los reformadores.

    [5] La producción industrial cayó el 2 % en 2010 (6% en electricidad,
    11% en textiles y 33 % en zapatos; se estancó en puros y cemento); la
    producción de petróleo creció el 10 %, pero la de gas cayó el 7 % y
    también la de níquel (ONE, 2011c).
    [6] Noticias de la televisión cubana (02.11.2011).

    Referencias bibliográficas
    ARREOLA, Gerardo. "Cuba eliminó sólo 10% del millón de empleos que
    planea desaparecer". La Jornada (28.10. 2011a).
    "Cuba fortalecerá más el trabajo privado". Reuters (02.11. 2011b).
    BURNETT, Victoria. "Rusty road to riches in Cuba". International
    Herald Tribune (7.11.2011).
    CASTRO, Raúl. "Discurso en la clausura de la Asamblea Nacional del
    Poder Popular". Granma (18 diciembre 2010).
    "Informe central al VI Congreso del PCC". La Habana, 16 abril de 2011.
    CAVE, Damien. "Cuba to allow buying and selling of property, with few
    restrictions". The New York Times (04.11.2011).
    ESPINA, Mayra; Rodríguez, José Luis; Triana, Juan y Her­nández,
    Rafael. "El Período Especial veinte años después". Temas, n.º 65 (2011),
    p. 59-75.
    ESPINOSA Chepe, Oscar. Cambios en Cuba: pocos, limitados y tardíos. La
    Habana, 2011 (en línea):
    http://reconciliacioncu­bana.files.wordpress.com/2011/03/cambios-en-cuba.pdf
    FRANK, Marc. "Cuba to grant much larger plots to farmers". Reuters
    (19.10.2011).
    Información sobre el resultado del debate de los lineamientos de la
    política económica y social del partido y la revolución. La Habana, VI
    Congreso del PCC, 1 mayo de 2011.
    Ley general de la vivienda. Decreto-Ley n.º 288 de 28 de octubre 2011
    y otras disposiciones legales. Gaceta Oficial, La Habana, 2 noviembre
    2011, p. 359-373.
    LUGO, Orlando. Entrevista en Juventud Rebelde (14 mayo2011). La Habana.
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    "El desempleo en Cuba: de oculto a visible". Espacio Laical, vol. 6,
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    Sociedad, n.º 234 (2011), p. 4-18.
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