La libreta del hambre
We run various sites in defense of human rights and need support to pay for more powerful servers. Thank you.
Recent Comments

    Una familia desesperada

    [22-08-2012]

    Fundación Madre, Familia y Futuro

    (www.miscelaneasdecuba.net).- Juan Carlos Díaz Fonseca de 45 años de

    edad, está contagiado de desde 1999; padece entre otras

    enfermedades de esofagitis aguda y desgaste en los huesos. Él vivía en

    un contenedor situado en Las Pelas, entre Barrera y Tarará, Camino Minas

    del Petróleo, Guanabacoa, La Habana. Allí "residía" con su familia,

    integrada por su esposa Judith Muñíz Peraza de 37 años y los hijos de

    ésta, Yorlandis Muñíz Peraza de 16 años y Leydi Durán Muñíz de 14,

    epiléptica con ataques frecuentes y con retraso mental, y dos hijos más

    que abandonaron ilegalmente el país en fecha reciente.

    En una visita de funcionarios de Bienestar Social éstos decidieron

    otorgarle una chequera de 285,00 cup y una inhabitable para

    que la reparara por sus propios medios; pero sin ningún documento que le

    permitiera hacer gestiones. Cuando en mayo de 2007, la Dirección

    Municipal de la vivienda le entregó el local situado en Apodaca # 335

    entre Lebredo y Cadena, en Guanabacoa, solo llamó como testigo al

    del y coordinador de la Zona, nombrado Ángel González

    Valdés, quien afirmó en un escrito del 16 de junio de 2010, que en esa

    ocasión planteó su desacuerdo con la entrega de un local tan ruinoso,

    pero le contestaron que esa era la casa que le correspondía a esa familia.

    Al cabo de 3 años, en mayo de 2010, Bienestar Social le canceló la

    chequera a Juan Carlos, y después de mucho quejarse, cuando le fue

    devuelta le habían rebajado el monto a cobrar a 147,00 cup y le

    informaron que tenía que ir al Banco a realizar un contrato para el pago

    de los efectos electrodomésticos que adeudaba. Por ese motivo debe pagar

    66,00 cup mensuales y adeuda actualmente 6 meses de pago, unos 400

    pesos. Tiene que estar más de 4 meses sin hacer uso de los 81 cup que le

    quedan mensualmente, para liquidar la deuda.

    Un dictamen médico de 8 de julio de 2010, firmado por el Dr. Jorge

    Medina LLeres, de del Trabajo y la Dra. González Michelena

    Claro de la Comisión Provincial de Peritaje, ambos del Ministerio de

    Pública, lo declaró con severa discapacidad por el deterioro de su

    estado general y del sistema inmunológico causado por el SIDA, con

    presencia de gérmenes oportunistas, cuadro diarreico crónico, febrícula

    vespertina y mucosas ligeramente hipocoloreadas. El médico de su

    policlínico, Dr. Manuel Ortiz Hernández, le ha dicho, que debido a sus

    enfermedades no puede laborar para no precipitar lo limitado de su

    tiempo de vida, e igualmente en un certificado médico de junio de 2010

    lo declaró incapacitado para el trabajo. El tratamiento médico para el

    SIDA no le asienta, ya que le produce mucha acidez debido a la

    esofagitis, y se lo suspendieron. El médico quedó en recetarle el

    tratamiento adecuado.

    El jueves 16 e agosto lo enviaron al IPK (Instituto Pedro Kourí) para

    hacerle los análisis para un nuevo tratamiento médico, pero no había

    en el laboratorio y lo remitieron al Policlínico Docente Julio

    Antonio Mella de Guanabacoa. El médico, al apreciar el atraso en los

    resultados de las investigaciones, le dijo que tenía que retomar los

    medicamentos ya indicados por las malas condiciones en que se

    encontraba, aunque le produjeran daños estomacales.

    Este cuadro de poca salud, se ve afectado porque al no tener propiedad

    de la casa, no pueden acceder a la libreta de , que lleva

    implícita la dieta alimentaria por su estado y también la legalización

    de un carné de identidad en el lugar, que en algún momento le permitiría

    hacer algunas reparaciones en la maltrecha vivienda.

    Juan Carlos ha escrito al gobierno de Guanabacoa, al Partido y al

    Instituto de la Vivienda para obtener esta propiedad, sin resultado

    alguno. Escribió al Consejo de Estado en junio de 2002 y la respuesta

    que recibió de René Montes de Oca Ruiz, jefe del Dpto. de Atención a la

    Población, en aquel entonces, fue que aunque comprendía sus razones,

    era la Dirección Municipal de la vivienda la que tenía que resolver el

    caso. Este mismo funcionario cuando Juan Carlos se quejó del maltrato

    recibido en la Dirección Municipal de la Vivienda, le respondió el 25

    de junio de 2003 en similares términos, haciendo caso omiso al

    descontento presentado.

    La delegada de su circunscripción, Marlen Carrió Quintana, afirmó en

    carta del 16 de junio de 2010, que la vivienda estaba en pésimas

    condiciones, que era inhabitable, que al otorgarla no se tuvieron en

    cuenta las condiciones del núcleo que la recibió, y pidió cooperación

    para su solución.

    Por otra parte la hija menor, Leydi, además de retraso mental, padece de

    ataques de epilepsia desde los tres meses de nacida, para lo cual tiene

    un tratamiento que le suspenden cuando cesan temporalmente los ataques y

    en la actualidad carece de método. Repitió el séptimo grado en una

    especial debido a los ataque de epilepsia.

    El 15 de agosto, la comunicadora comunitaria y directora de la Fundación

    Madres, Familia y Futuro, Ivis Rodríguez González, se entrevistó con

    Michel, director del Policlínico Julio Antonio Mella y le respondió que

    le daría turno a Leydi al día siguiente para el neurólogo. El día

    siguiente los padres llevaron a consulta la niña, pero el neurólogo no

    asistió. El Dr. Orestes, sub director del Policlínico remitió la madre a

    la posta médica para que le dieran la historia clínica de Leydi y que

    con ella se dirigiera a la pediatra.

    La doctora asignada a esta institución de salud estaba de vacaciones y

    la enfermera, informó de la pérdida de la historia clínica de la niña e

    hizo una en blanco para que la pudiera atender la pediatra; que le

    indicó, que producto del retraso mental, tenía que verla inicialmente un

    sicólogo.

    En resumen, para que la niña tenga un turno médico para un neurólogo,

    debe depender de un pediatra y un sicólogo, y mientras tanto continúa

    sin sus medicinas.

    Lo extenso de esta denuncia se debe a que es imposible resumir tanta

    insensibilidad humana, generalizada por parte de las instituciones

    oficiales, en un país que dice ser ejemplo de justicia social.

    Nota: En la recopilación y verificación de datos y documentos, así como

    en la confección de este escrito intervinieron: Ivis María Rodríguez

    González, Yainé Pintado Aldaya y Arnaldo Ramos Lauzurique. También han

    apoyado a la familia en sus trámites médicos.

    http://www.miscelaneasdecuba.net/web/article.asp?artID=36846

    Tags: , , , , , , , , , ,

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Calendar
    August 2012
    M T W T F S S
    « Jul   Sep »
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  
    Archives