La libreta del hambre
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    A propósito de la reforma en la política de entrega de tierras

    [25-10-2012]

    Elías Amor Bravo

    Economista ULC

    (www.miscelaneasdecuba.net).- Apenas han transcurrido poco más de cuatro

    años desde que el régimen castrista introdujera como gran reforma

    espectacular la entrega de tierras en usufructo a los agricultores, en

    un intento desesperado de corregir la dependencia externa de alimentos,

    y ya se anuncian cambios.

    Una reforma que ya, en su momento, señalamos que no podría dar

    resultados favorables, ahora se somete a un nuevo decreto cuya entrada

    en vigor es inmediata, a partir de diciembre, y que incorpora algunas

    novedades como la ampliación del tamaño de las parcelas o la posibilidad

    de construir viviendas en esos terrenos.

    Este tipo de políticas, contrarias al funcionamiento eficiente de las

    economías, se resiste a introducir un marco estable de derechos de

    propiedad en la agricultura cubana, que fue el instrumento básico que

    permitió al sector en los primeros 50 años de existencia de la

    República, más que duplicar sus cifras de producción y exportaciones,

    convirtiéndolo en uno de los principales de la economía.

    La reforma agraria castrista, con la confiscación de tierras y la

    supresión del mercado como instrumento de asignación de recursos,

    enterró a la otrora productiva agricultura cubana en un sector dominado

    por la ineficiencia, el abandono, la improductividad y los bajos

    rendimientos. Incluso en 2002, se decretó por Fidel Castro el cierre de

    los ingenios azucareros y el fin de la industria del azúcar, una herida

    de muerte para la Historia de Cuba.

    Los resultados son bien conocidos y la secuela de racionamiento,

    escasez, altos precios en los mercados agropecuarios y excesiva

    dependencia del monopolio estatal Acopio, terminan por dibujar un

    escenario en el que durante años el régimen se vio obligado a comprar

    cereales y carne a Estados Unidos en una interpretación muy sui generis

    del embargo.

    Como ocurre casi siempre con la propaganda castrista, los medios

    oficiales del régimen destacaron que la próxima entrada en vigor del

    nuevo decreto Nº 300 introduce "cambios esenciales" sobre el plan

    iniciado en 2008 para intentar reanimar la producción de alimentos y

    culpan a la burocracia, de la lentitud de la aplicación de la reforma.

    Una práctica que se viene generalizando a la mayoría de los problemas

    que presenta la economía castrista, aunque no siempre sea la burocracia

    la verdadera responsable.

    La principal novedad de la reforma, anunciada a bombo y platillo por las

    autoridades, es la ampliación de la extensión de las parcelas a entregar

    hasta un máximo de 67,10 hectáreas. Hasta ahora el máximo era de 40.

    Cierto es que en su momento consideré muy negativo que sólo se

    entregaran esas pocas hectáreas a los agricultores, ya que impedían

    alcanzar los rendimientos de escala que favorecen la dedicación a esta

    actividad.

    Otros aspectos, sin embargo, gravitaban sobre el futuro incierto de los

    arrendatarios, como la falta de aperos y medios de producción, de

    fitosanitarios y fertilizantes, la invasión agresiva del marabú por la

    indolencia del estado en las tierras de su propiedad que ahora se

    entregaban. Un escenario nada favorable a la producción agrícola que se

    trasladó fundamentalmente a la producción de ganado en pastos, mucho más

    favorable de obtener a corto plazo.

    La pregunta que podemos formular ahora es ¿por qué 67,10 hectáreas y no

    otra cifra? ¿Por qué no se puede avanzar en la dimensión de las

    superficies hasta la cantidad deseada, por qué no se permite la fusión

    de tierras, la compra y venta, el acceso a los derechos de propiedad de

    la tierra, limitando los plazos de explotación a diez años? ¿Qué puede

    ocurrir después? Cuestiones fundamentales que apuntan a un elevado nivel

    de intervención en un sector que, por el contrario, funciona mucho mejor

    con libertad, propiedad y mercado.

    La segunda reforma del nuevo decreto-ley aclara que los usufructuarios

    de la tierra podrán construir viviendas en esos terrenos estatales

    arrendados "para beneficio propio y de sus familiares", siempre que se

    cuente con la autorización previa de las autoridades urbanísticas

    municipales. Al parecer ésta había sido una demanda de muchos

    agricultores, que se veían limitados para establecerse cerca de las

    tierras en las que trabajan y, en su caso, trasladar a ellas a sus familias.

    Incidentes recientes en el proceso electoral de delegados al poder

    popular han mostrado que el proceso de reducción de gastos acometido por

    el régimen ha supuesto el cierre de escuelas y sanatorios en el medio

    rural, lo que puede actuar de forma negativa sobre aquellos que planean

    el traslado al carecer de estos servicios básicos.

    Además, cabe preguntarse quién puede construir una vivienda en una

    tierra que nunca será suya, salvo que se altere el sistema de derechos

    de propiedad. El beneficio generado en la misma como consecuencia de esa

    edificación, supone que en caso de abandono, el usufructuario no puede

    obtener participación en el mismo, que pasa a manos del estado

    nuevamente. Es evidente, que este tipo de análisis no sostiene el modelo

    de inversión racional y eficiente.

    El principal problema de las reformas del régimen en la agricultura es

    que confunden instrumentos con objetivos. Pretender que la entrega de

    tierras en usufructo sirva para incrementar la producción de alimentos

    para garantizar la "seguridad nacional", es equivalente a querer tapar

    el sol con un dedo.

    No se puede afrontar la reconversión de un sector productivo,

    ineficiente, dominado por la propiedad estatal y en el que buena parte

    de las decisiones de aprovisionamiento pasan por un monopolio estatal

    como Acopio, con enunciados tan generales. A resultas de ello, el

    régimen continuará seguramente gastando al año más de 1.500 millones de

    dólares en importar el 80% de los alimentos que se consumen, muchos de

    ellos fácilmente producibles en la Isla.

    El balance final de las reformas es bastante limitado. Desde 2008, tan

    sólo 163.000 agricultores han accedido a esta fórmula de explotación en

    arrendamiento, con una superficie de 1,4 millones de hectáreas que

    previamente estaban ociosas por pertenecer al estado.

    No cabe duda que esta reforma ni está dando los resultados esperados ni

    cabe intuir mucho más en su evolución, ya que mientras no se modifique

    el marco jurídico de derechos de propiedad y se restablezca plenamente

    el mercado como hicieron los vietnamitas, por ejemplo, nada habrá cambiado.

    http://www.miscelaneasdecuba.net/web/article.asp?artID=37456

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